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Un obrero fue contratado y dado de alta después de morir en un accidente laboral

Un obrero fue contratado y dado de alta después de morir en un accidente laboral Un juzgado investiga a la empresa que empleó al operario, intoxicado al revisar una caldera JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 04/01/2007
El trabajador madrileño Ginés Blázquez Jiménez, de 55 años, no estaba ni contratado ni dado de alta en la Seguridad Social ncuando se topó con la muerte mientras revisaba una caldera. Tanto su contrato de trabajo como la subsiguiente alta en la Seguridad Social, los materializó su empresa cuando Blázquez llevaba ya más de una hora cadáver. El Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid investiga no sólo el accidente laboral del trabajador, sino también la supuesta falsedad documental y otras irregularidades que rodearon su fallecimiento. El accidente de Blázquez conmocionó a los inquilinos del bloque de pisos donde trabajaba, en el barrio de Salamanca de Madrid. La mitad de su cuerpo fue hallado por una vecina dentro del respiradero de la caldera, a la que se asomó para ver el origen de una avería: el monóxido de carbono acumulado en ella lo dejó inconsciente casi en el acto. El suceso se produjo el 30 de octubre de 2006. Según la investigación judicial, su contrato de trabajo fue emitido el mismo día del fallecimiento por la empresa Movitrans León, SA, pero una hora después del óbito. La casilla del contrato donde debía estar la firma de Blázquez aparece en blanco, y sobre ella la aclaración de que el afectado no firmaba "por haber fallecido". Según documentación aportada al sumario por el Ministerio de Trabajo, la empresa le dio de alta en la Seguridad Social el pasado 30 de octubre "a las 14.39", a pesar de que los servicios sanitarios de urgencia de Madrid certificaron su muerte "a las 13.30", tras casi 45 minutos intentando reanimarle sin éxito. En el contrato se indica que su labor es la de mantenimiento de los servicios de calefacción.
En el esclarecimiento de este caso trabaja, a las órdenes del juzgado madrileño, la Sección de Coordinación Judicial de la Policía Municipal de Madrid, que coordina el oficial jefe Pablo Enrique Rodríguez. Los directivos de Movitrans, según fuentes jurídicas, manifestaron que éste "era el primer contrato" que tenía Blazquez con ellos. Sin embargo, una vecina y el portero del inmueble en que se produjo el fatal accidente señalaron a los agentes que el operario llevaba "dos años y medio" acudiendo al inmueble, y que lo hacía "a diario" cuando la calefacción estaba en marcha.
Según un informe del Ayuntamiento de Madrid, el operario observó que el tiro de la chimenea de la caldera estaba frío y que los gases se quedaban acumulados dentro. Blázquez realizó una abertura en un recodo del conducto de la chimenea, en el patio de luces, pero sin observar ahí ninguna obstrucción. Después, echó dentro unos papeles de periódico y les prendió fuego para facilitar la ascensión de los gases.
Irregularidades
Al ver que la acumulación de gases no se disipaba, Blázquez introdujo su cabeza dentro del conducto de la chimenea, con la boca y la nariz tapadas por un pañuelo. Esta acción fue fatal: los gases, entre ellos el monóxido de carbono, altamente letal, empezaron a ascender. El hombre perdió la conciencia. No había nadie allí para auxiliarle. Los servicios de urgencias, alertados por los vecinos, nada pudieron hacer para reanimarlo. Técnicos de la Comunidad de Madrid visitaron el lugar tras el accidente y comprobaron que la lentitud de la combustión de la caldera se debía "a su mal estado de conservación" y que la sala donde estaba ubicada también vulneraba la normativa. En su informe señalan varias irregularidades como que los combustibles se almacenaban "en la misma sala de la caldera", que el aislamiento térmico de tuberías y chimenea era "deficiente", que la chimenea estaba "perforada por corrosión en un punto de conexión", o que las tuberías de gas del edificio se hallaban ancladas "al fuste de la chimenea sin guardar la distancia mínima de seguridad".
Recientemente, la Fiscalía de Madrid pidió una pena máxima -tres años de cárcel- para un empresario que mantuvo durante años a un trabajador sin contrato y sin ser dado de alta en la Seguridad Social. Para sostener su fuerte petición de pena, la fiscalía resaltó que, si el obrero enfermaba e ingresaba en un hospital, como ocurrió, no cobraba ni un duro.

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